En la apertura del evento intervinieron Levi Sucre, Coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), Sara Omi, Presidenta de la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de Mesoamérica y Victor Francisco Cadavid, Director Nacional Forestal del Ministerio de Ambiente de Panamá; quienes recalcaron la importancia del espacio y destacaron el rol de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales.

“Desde los Pueblos Indígenas y comunidades locales tenemos mucho que aportar y aportamos desde ser guardianes de los bosques. Aportamos en el conocimiento en cómo interactuamos y vivimos en los bosques” dijo Levi Sucre, coordinador de la AMPB.

Por su parte Sara Omi Sara, señaló: “Las mujeres estamos preocupadas y trabajamos por múltiples desafíos como la seguridad alimentaria, el rescate de conocimientos tradicionales y la transmisión de ese conocimiento”.  

Por su parte, Francisco Souza, Director de la Fundación Indígena FSC, destacó la relación de los Pueblos Indígenas con la naturaleza y la importancia de su inclusión en la implementación de políticas y leyes nacionales.

En este sentido, Francisco Souza señaló: “La importancia de esta discusión sobre los derechos de la Madre naturaleza es un punto de partida importante también para pensar los derechos de los Pueblos Indígenas”.

Mauricio Mireles, Oficial de Políticas para Pueblos Indígenas e Inclusión Social de la FAO para América Latina y el Caribe, abrió la discusión con una ponencia introductoria en la cual destacó el aporte y los desafíos de las comunidades Indígenas y forestales en la protección de los bosques de Mesoamérica. En su exposición enfatizó: “Si entendemos que en el conocimiento ancestral hay una eficacia, entendemos por qué los pueblos originarios son los principales defensores. Si no apoyamos la protección que hacen los pueblos, no podemos esperar que la conservación continúe”. 

El primer panel se enfocó en abordar la concertación de la política pública para la conservación de los bosques, el desarrollo económico y la adaptación y mitigación al cambio climático. En este espacio se expusieron las experiencias exitosas de algunas organizaciones de la región, a continuación el detalle de la discusión.

Marcedonio Cortave, Director Ejecutivo de Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) destacó las contribuciones que realizan las comunidades forestales de Petén en la conservación de la Reserva de la Reserva de la Biósfera Maya, enfatizando en la gobernanza comunitaria como base de  la gestión sostenible de bosques. Durante su intervención, Cortave sostuvo: “Son las comunidades las que han mantenido los bosques. ¿Por qué? Porque son sus medios de vida. No pueden ser protegidos sin la contribución de los que habitan esas áreas”. 

Sagladummad Anibal Sánchez, representante del Congreso General Guna, expuso los logros y desafíos del Plan Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá,  recalcando la importancia de la vinculación de los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas en diferentes ámbitos, como estrategia para generar modelos de desarrollo sostenibles que incluyan las necesidades y prioridades de las comunidades, en este sentido enfatizó: “Hay que preservar y difundir el conocimiento Indígena a través de la educación, en temáticas de salud, educación bilingüe intercultural y manejo forestal”.

Por su parte, Amalia Hernández, Presidenta de la Federación de Productores Agroforestales de Honduras (FEPROAH), resaltó la importancia de generar alianzas estratégicas para promover la forestería comunitaria en su país, marcando la necesidad de escuchar las propuestas provenientes de las comunidades que se encuentran en la primera línea de defensa y acción por la protección de los bosques. “Las comunidades de base somos y siempre hemos sido las protectoras de los bosques. Por lo tanto, seguimos abogando por que se nos mire” señaló.

El segundo panel del Congreso se centró en los desafíos que representa la construcción de un mercado forestal justo y el respeto a los derechos de las comunidades Indígenas y locales. Este espacio contó con la exposición de las experiencias de organizaciones de México y Honduras y del FSC.

Gustavo Sánchez Valle, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), expuso la experiencia de gobernanza forestal comunitaria en México y su relación con la madera legal. En ese sentido destacó la importancia de entablar espacios de diálogo nacionales e internacionales que permitan crear las condiciones necesarias para legalizar el comercio de madera legal, “La legalidad de madera es un tema complejo en el que deben participar diferentes ministerios de un país y debe haber cooperación entre países, por lo que  es importante que sea discutido en estos espacios” dijo Sánchez Valle.

Durante su exposición, Donaldo Allen, representante de la Unidad de la Moskitia (MASTA), destacó la importancia de la gobernanza forestal comunitaria en Honduras así como la inclusión de los conocimientos tradicionales en todos los procesos, al respecto señaló lo siguiente: “En el marco del respeto debemos enmarcarnos en una doble vía: Cómo organizamos y coordinamos el conocimiento tradicional con el conocimiento académico sin que haya imposición”.

Este panel contó con la participación de Zandra Martínez, presidenta de la Junta Directiva del FSC, quien realizó un aporte importante como comentarista del panel. Durante su intervención enfatizó que las experiencias presentadas denotan que existen grandes oportunidades para la región. De la misma forma destacó que el FSC es una herramienta de mercado disponible para los Pueblos Indígenas que ha demostrado su efectividad en comunidades de Guatemala y México.

Como parte del trabajo que realiza la Fundación Indígena del FSC y el Programa IPARD,  para que los Pueblos Indígenas de todo el mundo puedan gestionar sus territorios y generar sus propios modelos de desarrollo se organizó el evento denominado “Los Derechos de la Naturaleza y de los Pueblos Indígenas: Desafíos para el Desarrollo Sostenible”  en el marco del “Primer Congreso Regional Forestal y de Paisajes Sostenibles.”

“El núcleo y la visión de la estrategia para la IPARD es promover la cooperación y la colaboración entre los diferentes sectores para apoyar de la mejor manera posible y, de hecho, crear o co-crear soluciones a largo plazo junto con y para los Pueblos Indígenas de todo el mundo.” Francisco Souza, Director de la Fundación Indígena del FSC.

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El panel que se realizó el jueves 7 de abril profundizó la discusión sobre los retos y oportunidades que enfrenta Panamá para la aplicación de la recién aprobada Ley 287 que busca salvaguardar y promover los derechos de la naturaleza. En este evento se destacó este hito como un primer paso para la implementación de normativas y acciones necesarias para la conservación que contemplen la visión y las necesidades de los Pueblos Indígenas y comunidades locales.

Juan Diego Vásquez, Diputado de la Asamblea Nacional de Panamá, quien presentó  la propuesta de Ley 287, señaló que uno de los logros de esta ley fue  “Incluir algunas normas y convenciones específicas para Pueblos Indígenas que se han dedicado desde muchos siglos atrás a la protección y conservación del medio ambiente”. 

Del mismo modo, otros expertos invitados por la Fundación buscaron destacar el valioso rol de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales para que esta innovadora Ley, aprobada por el Gobierno de Panamá el pasado mes de febrero, transforme la realidad del país y se convierta en el inicio de una gran estrategia que apunte a promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

En palabras de Victor Cadavid, Director Nacional Forestal del Ministerio de Ambiente de Panamá, “una normativa como esta en nuestro país es fundamental para apuntalar el desarrollo socioeconómico hacia al futuro, poder tener derechos sobre la naturaleza indicará una protección, un resguardo mayor que deben nacer definitivamente una participación directa de las comunidades Indígenas”. 

Según Diwigdi Valiente, Jefe de Sostenibilidad de Turismo de Panamá, es necesario abrir un espacio para conversar, gestionar preguntas y generar respuestas que permitan: “construir una hoja de ruta que identifique buenas prácticas y las principales problemáticas” con la finalidad de crear propuestas de desarrollo económico para los Pueblos y Comunidades Indígenas del país.

Del mismo modo, Valeria Torres Larranaga, Oficial de Asuntos de Gobernanza (ILPES) / CEPAL, aportó una perspectiva integral sobre la problemática, las propuestas y las miradas futuras en torno a esta temática de relevancia local, regional y global. Durante su intervención sostuvo: “Los Pueblos Indígenas que tienen una relación estrecha con la naturaleza, tienen una cosmovisión que es esencial para establecer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y para atender a la realidad de la crisis climática que enfrentamos en la actualidad”. 

Así mismo, Constanza Prieto Figelist, Latin America Legal Lead de Earth Law Center, señaló que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en varios países de la región crea vínculos  que permite conectar los derechos humanos con los derechos de la naturaleza. Respecto al caso específico de Panamá señala que:  “Esta  ley establece un puente entre los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, pues  en Latinoamérica, la constituciones normalmente solo reconocen el derecho a un ambiente sano, y abre la puerta al reconocimiento ecológico, al reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza”. 

Para ampliar la información le invitamos a mirar el evento completo

Las comunidades Indígenas y locales de Mesoamérica influyen en aproximadamente 50 millones de hectáreas de bosques que albergan el 8% de la biodiversidad del mundo y almacenan el 47% de las reservas de carbono forestal de la región.

En esta región existen alrededor de 5 millones de personas que dependen de los bosques.

Los Pueblos Indígenas y comunidades locales de Mesoamérica enfrentan diversas presiones y amenazas que ponen en riesgo sus vidas, y la permanencia de bosques vitales para enfrentar la crisis climática.

Una de las principales amenazas es la narcodeforestación que azota a Guatemala, Honduras y Nicaragua. De acuerdo a varios estudios este fenómeno genera la pérdida de un promedio de entre 15% y 30% de la pérdida de bosques en estos tres países. Adicionalmente, en los mismos países los líderes de comunidades Indígenas y locales son perseguidos, criminalizados y asesinados por defender la Tierra de esta y otras amenazas. Según el último informe presentado por Global Witness, en 2020 se registraron 42 asesinatos a defensores y defensoras de la naturaleza y la mayor parte de ellos fueron líderes Indígenas o comunitarios.

El mismo informe sostiene que en México, se documentaron 30 ataques letales contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020, registrando un aumento del 67% respecto a 2019. La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades Indígenas.

Esta cruda realidad aunada a la desigualdad estructural, los efectos del cambio climático y a los efectos de la crisis sanitaria han colocado a las comunidades Indígenas y locales en un escenario de múltiples y extremas vulnerabilidades.

Producto de ello, la agenda regional multisectorial apoyada y respaldada por la Fundación Indígena del FSC, el Programa IPARD y otros aliados estratégicos enfrenta retos que abarcan desafíos de diversa índole, pero que también presentan la oportunidad de construir una línea de acción efectiva que permita co-crear soluciones innovadoras desde la visión de las comunidades que están en primera línea y que a la vez generen beneficios en términos económicos, ambientales, sociales y culturales para los países, los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y actores del sector privado comprometidos con el desarrollo sostenible.